En conversación con La Voz de los que Sobran, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, denunció un inminente «golpe lapidario» de más de 18 mil millones de pesos al presupuesto de la salud municipal y advirtió que la crisis arriesga la dotación de personal y los recursos más básicos para los usuarios de consultorios.
La salud pública chilena enfrenta un escenario crítico que mantiene en vilo a trabajadores y municipios de todo el país. Así lo visibilizó con fuerza Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confusam, quien asistió al panel de La Voz de los que Sobran tras viajar de madrugada desde Concepción para encarar una jornada clave de reuniones tripartitas con el Gobierno y el Ministerio de Salud.
Durante la entrevista, la histórica dirigenta arremetió duramente contra los planes económicos liderados por el Ministerio de Hacienda, calificando las medidas de ajuste fiscal como un intento directo de desmantelamiento de la primera línea sanitaria.
«Aquí vienen a desmantelar la atención primaria. El gobierno va a hacer un recorte del 0,5% en la atención primaria y ese golpe fuerte son más de 18.000 millones de pesos que van a afectar en tres puntos: el fondo de fármacos (Fofar), infraestructura y los proyectos de apoyo a la gestión local», detalló Flores.
A juicio de la líder de la Confusam —gremio que representa a más de 70 mil trabajadores desde Arica a Magallanes— la situación es alarmante dado que la atención primaria absorbe a más del 80% de la población nacional. Además, advirtió que las proyecciones presupuestarias a mediano plazo contemplan mermas que podrían alcanzar los 2,8 billones de pesos para la salud pública en general de cara al año 2027.
Alcaldes unidos y el fracaso de la universalización
Flores destacó que esta no es una demanda únicamente corporativa de los funcionarios, sino una preocupación transversal que ha unido a alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos. Como ejemplo de este malestar generalizado en las comunas, recordó la reciente tensión vivida en el encuentro de municipalidades en La Serena ante las propuestas de la oposición y la derecha.
Asimismo, la dirigenta apuntó al estrepitoso fracaso del programa de «universalización de la salud» heredado del diseño original de la administración: «Tenían la meta de llegar a más de 300 comunas y solo llegaron a 29, con dineros que además llegaban desfasados en junio o agosto en lugar de marzo», denunció.
Trabajar entre la falta de recursos y la violencia
La realidad en los territorios empeora día a día. De acuerdo con el diagnóstico de la Confusam, el congelamiento real del per cápita basal —que hoy se sitúa en $11.958 cuando estudios técnicos exigen que supere los $16.000— sumado al alza de los combustibles, ya tiene a varios municipios rurales al borde de agotar sus recursos para salir a terreno en agosto.
A esto se suma el grave problema de seguridad que sufren los funcionarios en zonas extremas y vulnerables:
«Estamos en las islas de Chiloé donde los trabajadores hacen bingos para financiar el combustible de las lanchas-ambulancia. Estamos en la macrozona sur donde nos queman postas y secuestran ambulancias, y en el norte trabajando con chalecos y cascos antibalas. Con este recorte, la gente se va a sentir abandonada y aumentará la violencia en los consultorios», alertó Flores.
El llamado a la calle y la defensa de los derechos
Al cierre de la conversación, la presidenta de la Confusam fue enfática en que el gremio no cederá un milímetro en los derechos laborales conquistados históricamente e hizo un llamado abierto a la comunidad y a los usuarios a inscribirse en sus respectivos Cesfam para defender activamente el sistema.
«Nosotros estamos en estado de alerta nacional», sentenció Flores, adelantando que ya diseñan un calendario estratégico de movilizaciones de cara a la discusión del presupuesto de los próximos años. «Para luchar tenemos que estar en la calle y defender la salud, porque la salud primaria es de todos y todas», concluyó.