Las agresiones ya hace rato que dejaron solo de afectar al personal mientras labora al interior de los centros de salud. Tanto en las regiones de Tarapacá como en las que integran la Macrozona Sur, las y los trabajadores son atacados de forma habitual cuando concurren a atender emergencias o durante visitas domiciliarias.  Hoy trabajan bajo la presión no solo de salvar vidas ajenas, también bajo el riesgo de perder la propia.

En 2022 Tarapacá lideró la tasa de homicidios en Chile, más que triplicando el promedio nacional.  Tráfico de drogas a gran escala, trata de blancas, secuestros y asesinatos por encargo, son delitos que se van haciendo comunes en el último tiempo en esta zona limítrofe con Bolivia, los que han sorprendido a sus habitantes y autoridades. Y, por supuesto, este incremento también afecta a los centros de salud y a su personal, ya que atienden no solo a los enfermos también a heridos por armas.

Rosalía Soto

Rosalía Soto, presidenta de la Federación Corpamar dice que la situación se agravó con la reciente migración irregular, porque también llegaron numerosas bandas delictuales, entre ellas el conocido Tren de Aragua.

La Primera Región la conforman 7 comunas siendo Alto Hospicio la zona más peligrosa, que se ha ido poblando con decenas de tomas nuevas, habitadas sobre todo por extranjeros. Según la dirigenta se trata de sectores donde la función policial no da abasto. Allí, desde el año pasado, tens y conductores que laboran en los tres centros de urgencia acuden a las emergencias blindados con cascos y chalecos antibalas para proteger sus vidas. Expresa su preocupación porque esta forma de brindar atenciones se va naturalizando en las llamadas  zonas rojas.

“La Ley consultorio seguro es insuficiente porque si no existe agresión física no te toman la denuncia”, señala Rosalía. Además, describe que la situación los ha sobrepasado de tal forma, “que los pacientes ya no te chuchetean, te amenazan con arma de fuego y con esperarte afuera. Estamos entregando salud en medio de la violencia y la delincuencia”, agrega con preocupación.

Las cifras de agresiones a funcionarios de salud son alarmantes. La presidenta de Corpamar indica que de estas el 58 por ciento sucede en Alto Hospicio, alcanzando mensualmente entre 15 y 20 casos mientras que en Iquique se registra  el 36 por ciento, según datos de marzo de la Mesa de Seguridad.

“Estamos para servir a la comunidad no para ser agredidos. Nos sentimos como una región de segunda categoría, sin apoyo”, concluye la dirigenta.

En el otro extremo del país, y por razones diferentes, las y los trabajadores de atención primaria de La Araucanía, viven bajo el miedo permanente al concurrir a las distintas comunidades. En el trayecto pueden ser víctimas del robo de los vehículos; ser amenazados con armas y hasta recibir disparos, los cortes de ruta también son comunes en el sector. Carlos Rojas, presidente de la Federación Confusam Araucanía, define así lo que están viviendo: “Somos funcionarios de salud municipal en el centro de un conflicto histórico. No están dadas las condiciones para trabajar ni atender de forma segura”.

Carlos Rojas

Sin embargo, el dirigente destaca un avance. A raíz de que un equipo de salud recibió perdigones hace algunas semanas, concurrió la ministra Ximena Aguilera a la zona. Con su visita consiguieron que comenzará a operar una demanda levantada desde hace tiempo: la suspensión de salidas a zonas de la provincia de Malleco cuando se advierta que la situación se torna álgida.

Señala el dirigente que “lo lamentamos por la comunidad que queda sin atención, pero no podemos seguir poniéndonos en riesgo”. Indica que les ofrecieron usar cascos y chalecos antibalas. Sin embargo, concluyeron “que si había que trabajar en esas condiciones, mejor no salían.”  Añade Carlos que antes eran muy reactivos “y ahora estamos más preventivos, cada comuna evalúa y suspende las salidas si es necesario.“

Con la medida anterior, obviamente, no está todo solucionado. Sin embargo, es un alivio para los equipos. Asimismo, durante la visita ministerial le entregaron un petitorio con sus demandas que, esperan, sean atendidas por la máxima autoridad del Minsal.

Fuente: CONFUSAM